Es decir, las jugadoras no están dadas de alta en la seguridad social y solo perciben gastos en compensación por su actividad. Más allá de los 31 millones de euros que llegarán por parte del Consejo Superior de Deportes para mejora de infraestructuras, las bases de la profesionalización permitirán resolver el gran entuerto comercial en el que se halla el futfem en España: los derechos televisivos.
